Lex Dura Est o cómo la ley es igual de justa para todos
Multan a un hombre de Tacoronte honrado y trabajador con 300,52 euros por posesión de 0,4 gramos de haschish
En
el Negociado de Infracciones Administrativas de la Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife se encuentra a la vista el expediente sancionador nº
(tal), que tiene su origen en un denuncia de la Guardia Civil por posesión
de sustancia estupefaciente. Hecho este constitutivo de una infracción
administrativa calificada como GRAVE en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992 del 21 de febrero sobre protección de la Seguridad Ciudadana (BOE
nº46 de 22-2).
Según lo establecido en el artículo 28 de
la citada ley esta infracción administrativa (no delito penal) será
sancionada con una multa de 300,52 euros. Una cantidad que podría haber
alcanzando incluso los 6.010,12 euros.
Un
hombre trabajador
Hasta aquí el marco jurídico, vayamos ahora
a los hechos. Nuestro protagonista se llama M, un hombre bueno, honrado y trabajador,
de profesión carpintero y vecino del tinerfeño hermoso municipio
de Tacoronte. El 24 de enero de 2004 a las 18:00 horas, Fuerzas pertenecientes
a la Comandancia de Puesto de la Guardia Civil de La Victoria de Acentejo pararon
el coche en el que circulaba el compañero M y un amigo. Los agentes procedieron
a identificar y registrar al conductor. Después de unos paliques ahí,
el agente menos insular, al que el interrogado se dirigió en todo momento
respetuosamente como 'maestro', realizó un segundo registro del vehículo
y encontró en el suelo lo que desde el principio sospechaba. La sustancia
intervenida fue remitida al Laboratorio de la Dependencia de Sanidad de la Subdelegación
para su análisis. Resultado positivo, se trataba de haschish. Convenientemente
identificado el alijo se determinó oficialmente que pesaba 0,4000 gramos.
Para los no iniciados conviene aclarar que 0,4 gramos es una miseria y que un
fumador decente no se hace con esa china ni un porrito auxiliador.
Miremos
al futuro ahora como gente positiva e inconscientemente audaz. Entendemos que
las leyes están para cumplirlas, voluntaria y solidariamente o por la fuerza.
En democracia uno puede hacer lo quiera más o menos, pero mucho mejor que
no te vean.
Ahora viene el consejo para M, y para quien pueda encontrarse en
caso similar. Empezaremos por olvidarnos de pingadas político morales tipo
que si todo el mundo fuma, que si es ilegal, que si papatín y papatán....
a lo práctico: El plazo para resolver este expediente es de seis meses
desde el aviso del mismo. Si transcurrido dicho plazo no se ha notificado al interesado
la ‘Resolución sancionadora’ se producirá la caducidad.
Pantalones
bajados
Caduca. Pues bueno, entonces se trata de prolongar el proceso con
diferentes alegaciones para ver si escapamos. Lo primero será negar los
hechos, aunque te hayan pillado con los pantalones bajados. Lo segundo será
declarar que te sometieron a un registro injustificado, denigrante e ilegal si
hubiera lugar. Si la sanción es superior a 300,52 euros podemos alegar
incluso que la medida es desproporcionada. Estaría bien contar con la colaboración
de testigos para argumentar todo esto, como es en el caso de M. Mejor presentar
el recurso el último de los 15 días hábiles legalmente disponibles
para retrasar más las gestiones administrativas. Ahora los funcionarios
tienen que empezar a papelear, los agentes del orden reafirmarse en la denuncia
y tal, y tu esperar a que llegue una segunda carta que se llamara 'Propuesta de
resolución' y no 'Acuerdo de iniciación de expediente sancionador'
como la anterior. A esa segunda carta habrá que interponer un nuevo recurso.
Si
todo esto parece complicado es porque lo parece.. Solo con visitar la página
web www.canamo.net (la de la revista) encuentras un apartado titulado 'Pequeña
guía para recurrir grandes multas', firmado por Rafael Ramos Rodríguez,
alabado sea, donde explica con minucioso detalle el proceso y ofrece la posibilidad
de bajarte los formularios para las alegaciones. Ala, listo, venga que se lo repito:
www.canamo.net
Pd:
recuerden que esto es una opción que no garantiza la retirada de la multa,
una vez puestas en marcha las alegaciones hay que confiar en la suerte, en la
desidia de los funcionarios y en la lentitud de Correos y Telégrafos, que
por una vez juega de nuestro lado.